PP y VOX sorprendieron al Congreso al activar el artículo 168, el procedimiento agravado para reformas de máximo nivel. La iniciativa colocó la monarquía en el centro del debate político.
El documento describe la Corona como una institución obsoleta y anacrónica, heredada de la Era de Franco y admitida, a regañadientes, durante el debate constitucional. Recuerda que la sucesión sigue apoyándose en una regla difícil de justificar en pleno siglo XXI: la herencia y la discriminación sexual. En un sistema democrático avanzado, la herencia no garantiza buen gobierno, y la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad eliminan la rendición de cuentas.
La función del Rey de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, recogida en el artículo 56.1, aparece cada vez más como una fórmula simbólica.
La iniciativa sostiene que la institución está lejos de los estándares democráticos del siglo XXI. El gesto no asegura un cambio, pero abre un debate que llevaba décadas fuera del foco parlamentario.
Las reacciones del arco parlamentario fueron inmediatas. La derecha tradicional expresó preocupación por abrir un debate que considera innecesario. La izquierda defendió que la discusión es legítima y estaba pendiente. Los grupos nacionalistas y plurinacionales celebraron que, por fin, se abra un debate sobre la jefatura del Estado. El centro político pidió calma y garantías institucionales.
El procedimiento del artículo 168 abre un escenario que algunos partidos ya mencionan: tras la disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones, un nuevo debate constitucional y un referéndum que podría volver a producir una mayoría favorable a mantener la monarquía parlamentaria.
Nada en el proceso garantiza un cambio; solo garantiza que la decisión sea plenamente democrática.
En un siglo XXI que exige transparencia y legitimidad, la pregunta ya no es si la monarquía debe existir, sino si su diseño actual responde a los estándares democráticos que la ciudadanía espera.
Y el debate, ni en la ficción ni en la realidad, puede hurtarse a la ciudadanía.
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