El voto en conciencia en el Congreso.

Esta es la carta que remití al director de ABC para su publicación, el día cinco de julio:

Señoras y señores diputados:

Hay instantes en la vida parlamentaria en los que la responsabilidad adquiere una dimensión que no admite delegación. Son momentos en los que cada representante se encuentra a solas con aquello que la Constitución le confía: la obligación de decidir conforme a su conciencia.

El artículo 67.2 establece que los diputados no están ligados por mandato imperativo. El artículo 79.3 añade que el voto es personal e indelegable. No son fórmulas jurídicas: son los pilares que sostienen la dignidad del Parlamento.

Durante mi etapa en la X Legislatura viví decisiones que exigían esa soledad responsable. En todas ellas comprendí que la disciplina de partido, siendo legítima, nunca puede sustituir la reflexión individual cuando la trascendencia institucional lo reclama. La conciencia del diputado no es un recurso retórico: es la última garantía de la integridad democrática.

Por ello, esta carta no pide un sentido de voto. Pide algo más solemne y más difícil: que cada diputado, sea del PSOE o de cualquier otro grupo, ejerza la responsabilidad que la Constitución le reconoce y le exige.

La ciudadanía observa no solo el resultado de las votaciones, sino la altura moral de quienes las protagonizan. Y esa altura se mide en el instante silencioso en que cada diputado decide cómo votar.

Que ese instante sea digno de la institución que representan.

 

Guillermo García Gasulla

Carta al Presidente

Pedro:

Gobiernas creyéndote el centro del universo, pero el universo, vasto e indiferente, te engullirá en el olvido.

Tu arrogante superioridad moral se descompone bajo tus pies.

Eres contingente y finito.

Eres mortal.

Y quizá, en el instante final, te llegue la luz, la verdad, la que siempre estuvo ahí:

“¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?” (Mateo 6:27).

Nada más.

 

Ficción parlamentaria o serpiente de verano.

PP y VOX sorprendieron al Congreso al activar el artículo 168, el procedimiento agravado para reformas de máximo nivel. La iniciativa colocó la monarquía en el centro del debate político.

El documento describe la Corona como una institución obsoleta y anacrónica, heredada de la Era de Franco y admitida, a regañadientes, durante el debate constitucional. Recuerda que la sucesión sigue apoyándose en una regla difícil de justificar en pleno siglo XXI: la herencia y la discriminación sexual. En un sistema democrático avanzado, la herencia no garantiza buen gobierno, y la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad eliminan la rendición de cuentas.

La función del Rey de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, recogida en el artículo 56.1, aparece cada vez más como una fórmula simbólica.

La iniciativa sostiene que la institución está lejos de los estándares democráticos del siglo XXI. El gesto no asegura un cambio, pero abre un debate que llevaba décadas fuera del foco parlamentario.

Las reacciones del arco parlamentario fueron inmediatas. La derecha tradicional expresó preocupación por abrir un debate que considera innecesario. La izquierda defendió que la discusión es legítima y estaba pendiente. Los grupos nacionalistas y plurinacionales celebraron que, por fin, se abra un debate sobre la jefatura del Estado. El centro político pidió calma y garantías institucionales.

El procedimiento del artículo 168 abre un escenario que algunos partidos ya mencionan: tras la disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones, un nuevo debate constitucional y un referéndum que podría volver a producir una mayoría favorable a mantener la monarquía parlamentaria.

Nada en el proceso garantiza un cambio; solo garantiza que la decisión sea plenamente democrática.

En un siglo XXI que exige transparencia y legitimidad, la pregunta ya no es si la monarquía debe existir, si no si su diseño actual responde a los estándares democráticos que la ciudadanía espera.

Y el debate, ni en la ficción ni en la realidad, puede hurtarse a la ciudadanía.

 

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