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miércoles, 17 de septiembre de 2014

Los derechos históricos de Atapuerca o la modificación de la Disposición Adicional Primera


Disposición Adicional Primera: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

¿Qué entendemos por derechos históricos de los territorios? ¿Qué se entiende por foral?

Los territorios no tienen derechos, los tienen los individuos. Además las historias de los individuos de los distintos territorios no se remontan a edades tan distintas como para poder establecer una clasificación en función de su edad y por ello merecedores de derechos y privilegios superiores al de menor rango cronológico.

La Academia de la Lengua entiende por fuero "la compilación de leyes o normas, instituciones". ¿Qué grupos de individuos, aún remontándonos a sus inicios, no tuvieron leyes, normas o instituciones que los rigieran? ¿Acaso la normas y las leyes son patrimonio exclusivo de grupos más evolucionados(?)?

Aquello común a todos los grupos y desde, probablemente, el inicio de los tiempos de la especie humana sobre la tierra, son los mecanismos de equilibrio social que previenen y garantizan la integridad de los individuos y del mismo grupo. No podría ser de otra manera.

No sabemos que pintamos en este mundo, lo decían Leibniz y Heidegger -¿porqué el ser y no la nada?- y lo repite estos días Hawking -"ahora mismo no sé aún porqué existe el Universo"-, pero la aparición azarosa del hombre sobre la tierra, en el Universo, quizás tenga una buena respuesta, no menos contingente, en la frase de Carl Sagan: "Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo" y, añado yo, ¡para dejarlo un poco mejor!

No estaría mal que desde la Cámara Legislativa se intentaran redactar normas y leyes que respetaran aquel equilibrio que mantiene integros a los humanos y al medio en el que vivimos.

Por todo ello estoy convencido que la disposición adicional primera de nuestra Constitución, es exclusiva, para sólo dos autonomías, y excluyente para el resto. Si nos remitimos al original significado de autonomía como la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie quizás debamos de una vez por todas someter a la administración central a una dieta de adelgazamiento en favor de mejorar la capacidad de gestión de ingresos y gastos de las autonomías, contribuyendo éstas, sin arrogancia periférica, al equilibrio social de todo el país y aquella, sin prepotencia central, contribuir al debate, fijación y control de normas comunes.

Quede el párrafo primero de la Primera Disposición Adicional: La Constitución ampara y respeta los derechos de los ciudadanos de los territorios autónomos, a través de sus instituciones, a la administración de sus propios ingresos y gastos.
Y sea el segundo párrafo: La actualización general de dicho régimen autonómico se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, respetando la cohesión -efecto de reunirse las cosas entre si-, la solidaridad -adhesión a la empresa de otros- y la fraternidad -amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales-.

Quizás así logremos amparar y respetar los derechos de todos, desde nuestro antecesor hombre de Atapuerca que ya no los precisa, el amparo y el respeto, hasta el actual emigrante, equilibrista en las violentas vallas de Ceuta y Melilla, que si los necesita.


sábado, 13 de septiembre de 2014

Los recortes y la Sanidad Pública

 

 
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012 distintas entidades, Salud y Familia , Médicos del Mundo y un grupo de investigadores, que se preguntaban en la revista British Medical Journal ¿Pueden los recortes de la austeridad desmantelar el sistema sanitario español?, se han manifestado en contra.
 
Los redactores del informe Impacto de la reforma de la asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y Universal de Salud y Familia, 2012, opinaban que "el conjunto de medidas contempladas en aquel RDL supondrían -como así ha sido- la restricción de acceso al sistema sanitario público para amplios grupos de población residente en España que se encuentran en situación de privación y/o de desventaja social".
  
Médicos del Mundo en su informe de 2014 afirma que el RDL “ha supuesto un cambio del modelo del Sistema Nacional de Salud que, amparado por la crisis, deja a cientos de miles de personas sin asistencia sanitaria y nos retrotrae a un desfasado sistema de aseguramiento~y copago por la prestación de determinados servicios, con consecuencias nefastas para la salud de toda la población y para la sostenibilidad del Sistema Nacional, contribuyendo a acrecentar las desigualdades en salud".
 
Recomienda Medicos del Mundo "la derogación de este injusto RDL y la restauración de un sistema de asistencia universal, pública y gratuita para todas las personas residentes en España".

Helena Legido-Quigley y sus colegas, en su artículo en el British Medical Journal, explican que~"...una serie de ‘reformas’ desconectadas podría, sin medidas correctivas, llevar al desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema sanitario español,~con efectos potencialmente perjudiciales para la salud".
 
Sin ser ninguno de los impactos relacionados de menor importancia pienso que aquello más grave es haber perdido la condición de ciudadanos, con derecho universal~a la salud, a su promoción y ~a su mantenimiento. Hemos pasado de ser sujetos de derechos a la necesidad de estar asegurados o depender de la voluntad benefactora. 
 
La financiación del Sistema Nacional de Salud se alimenta de los Presupuestos Generales del Estado, a los que contribuimos todos con el pago de impuestos, directos e indirectos. También a los residentes "sin papeles" que incluso en situación de desempleo siguen consumiendo, una forma de recaudar impuestos. En relación al copago debo recordar que la asistencia sanitaria es gratuita en el momento de su uso, que se ha pagado anteriormente mediante los impuestos. 
En otros países de Europa se hace frente al pago de la deuda pública y a sus intereses sin recorte en las prestaciones sociales de educación, asistencia sanitaria o dependencia. Es la voluntad política del ejecutivo, gobierno de Mariano Rajoy, quien hace gravitar el peso de esas pérdidas sobre los derechos consolidados de los ciudadanos y no sobre los verdaderos culpables de la crisis que nos ahoga.
   
Si, como se dice, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades ¿quién estiró más el brazo que la manga? Quienes asumieron un elevadísimo riesgo en inversiones inmobiliarias fueron las entidades financieras que prestaron cantidades millonarias a aquellos que, como la lechera, construyeron castillos en el aire. Hoy estas entidades financieras que arriesgaron los ahorros de los impositores y los perdieron han trasladado, con la ayuda del Gobierno y del Banco Central Europeo, sus pérdidas a nuestros bolsillos y a nuestra asistencia sanitaria.
 
Insostenible es mantener una estructura financiera que no está al servicio de los ciudadanos, que obtiene más beneficio de la especulación que del trabajo. 

Por todo ello debemos tomar de nuevo las riendas de nuestras vidas como ciudadanos para evitar que nos arrebaten aquello que logramos, desde el inicio de la especie, gracias a la formulación de normas y leyes, desde la confianza, que tratan de evitar y paliar, cuando aparece, el daño individual y colectivo: el equilibrio social.
 


PD: CCOO ha publicado recientemente  un informe que abunda en la denuncia del impacto de las medidas del RDL.