Los redactores del informe Impacto de la reforma de la asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y Universal de Salud y Familia, 2012, opinaban que "el conjunto de medidas contempladas en aquel RDL supondrían -como así ha sido- la restricción de acceso al sistema sanitario público para amplios grupos de población residente en España que se encuentran en situación de privación y/o de desventaja social".
Médicos del Mundo en su informe de 2014 afirma que el RDL “ha supuesto un cambio del modelo del Sistema Nacional de Salud que, amparado por la crisis, deja a cientos de miles de personas sin asistencia sanitaria y nos retrotrae a un desfasado sistema de aseguramiento~y copago por la prestación de determinados servicios, con consecuencias nefastas para la salud de toda la población y para la sostenibilidad del Sistema Nacional, contribuyendo a acrecentar las desigualdades en salud".
Helena Legido-Quigley y sus colegas, en su artículo en el British Medical Journal, explican que~"...una serie de ‘reformas’ desconectadas podría, sin medidas correctivas, llevar al desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema sanitario español,~con efectos potencialmente perjudiciales para la salud".
Sin ser ninguno de los impactos relacionados de menor importancia pienso que aquello más grave es haber perdido la condición de ciudadanos, con derecho universal~a la salud, a su promoción y ~a su mantenimiento. Hemos pasado de ser sujetos de derechos a la necesidad de estar asegurados o depender de la voluntad benefactora.
La financiación del Sistema Nacional de Salud se alimenta de los Presupuestos Generales del Estado, a los que contribuimos todos con el pago de impuestos, directos e indirectos. También a los residentes "sin papeles" que incluso en situación de desempleo siguen consumiendo, una forma de recaudar impuestos. En relación al copago debo recordar que la asistencia sanitaria es gratuita en el momento de su uso, que se ha pagado anteriormente mediante los impuestos.
En otros países de Europa se hace frente al pago de la deuda pública y a sus intereses sin recorte en las prestaciones sociales de educación, asistencia sanitaria o dependencia. Es la voluntad política del ejecutivo, gobierno de Mariano Rajoy, quien hace gravitar el peso de esas pérdidas sobre los derechos consolidados de los ciudadanos y no sobre los verdaderos culpables de la crisis que nos ahoga.
Si, como se dice, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades ¿quién estiró más el brazo que la manga? Quienes asumieron un elevadísimo riesgo en inversiones inmobiliarias fueron las entidades financieras que prestaron cantidades millonarias a aquellos que, como la lechera, construyeron castillos en el aire. Hoy estas entidades financieras que arriesgaron los ahorros de los impositores y los perdieron han trasladado, con la ayuda del Gobierno y del Banco Central Europeo, sus pérdidas a nuestros bolsillos y a nuestra asistencia sanitaria.
Insostenible es mantener una estructura financiera que no está al servicio de los ciudadanos, que obtiene más beneficio de la especulación que del trabajo.
Por todo ello debemos tomar de nuevo las riendas de nuestras vidas como ciudadanos para evitar que nos arrebaten aquello que logramos, desde el inicio de la especie, gracias a la formulación de normas y leyes, desde la confianza, que tratan de evitar y paliar, cuando aparece, el daño individual y colectivo: el equilibrio social.
PD: CCOO ha publicado recientemente un informe que abunda en la denuncia del impacto de las medidas del RDL.
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