Nuestro comportamiento, como grupo socialista en el Parlamento, ha sido claro con la propuesta de Ley de medidas contra el desahucio, el sobre-endeudamiento y la insolvencia, debatida en el Congreso de los Diputados, sesión del 18 de diciembre de 2012, con el recorrido que todos conocemos: Rechazada por 175 votos en contra del PP y 141 a favor del resto de grupos, sin ninguna abstención.
El objeto de la propuesta era dar respuesta a los abusos cometidos en nuestro sistema hipotecario. Las medidas anteriores han sido insuficientes, especialmente porque las condiciones para aplicarlas han sido muy restrictivas.
Pretendía la ley medidas para equilibrar la posición del deudor ante el acreedor hipotecario en relación a las tasaciones, los abusos en los procedimientos de subasta y en los intereses de demora.
Con las medidas propuestas en el texto de la Ley nosotros se quería acabar con los desahucios y que la dación en pago fuera el último recurso antes de perder la vivienda. Hablaba de restructurar la deuda, admitir una quita en el capital pendiente de amortizar y la opción del alquiler.
Se legislaban medidas para evitar el sobre-endeudamiento futuro y para resolver los problemas que se derivan de la insolvencia no querida.
El trasfondo de la propuesta de Ley era la defensa del derecho constitucional a la vivienda, artículo 47 de CE.
Y en esta línea entiendo que debemos seguir, aunque la aritmética parlamentaria no permita más que el debate en pleno de la ILP y nos aboque a la visión de una pantalla de resultados de la votación donde son mayoría las lucecitas rojas en contra de la propuesta.
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